Las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos de consumo masivo ­como alimentos, artículos de cuidado personal y limpieza del hogar­ serán obligadas a reducir los gastos, por orden del Gobierno. La aplicación de la Ley de Costos y Precios implicará que se revisen al detalle las estructuras de costos y se ajusten hacia la baja los gastos relacionados con la nómina, publicidad, pago de expertos, representantes e, incluso, el dinero que se destina al manejo de asuntos públicos.

El intendente de Costos y Precios, William Contreras, informó en el acto de lanzamiento de la ley, que cada fase del registro en el Sistema de Costos y Precios se detallará a las empresas los costos reconocidos y no reconocidos que se tomarán para el análisis final de los precios.

"Hay costos y toda una variedad de gastos, no se puede evaluar una empresa aislada del resto del sector, por ejemplo en artículos de limpieza del hogar y cuidado personal haremos un análisis sectorial, y una vez que se recaude toda la información veremos qué gastos se reconocerán o se descartarán", dijo.

Agregó que en el caso de la publicidad, no es posible que una empresa declare que invierte en promoción 50% del costo total de producción de un rubro. "Vamos a verificar consistencias de los gastos y costos de producción".

Impacto productivo. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, indicó que hay gastos asociados a la distribución, comercialización y otros que son necesarios para que se complete el proceso de abastecimiento de rubros básicos, y no sólo la materia prima. "Hay empresas que contratan a otras empresas para que realicen la labor de distribución, comercialización y otras actividades, y si el Gobierno obliga a reducir gastos, pues se afectará toda la cadena", dijo. Agregó que hay empresas que producen y distribuyen en una misma zona, pero hay otras que abarcan todo el país y tienen costos y gastos mayores.

"Ignorar eso, porque ideológicamente no tiene sentido para el Gobierno, causará un grave daño al sistema de producción y las empresas se verán obligadas a reducir gastos que no son apropiados según el criterio que pueda tener cualquier funcionario", dijo.

Señaló que una estructura de costos se puede constatar porque es una información real contable de la compañía: por ejemplo, cuánto cuesta la materia prima, la fabricación, la mano de obra y luego cuánto cuesta comercializar y llegar hasta cada punto de venta del país.

"Si nos dicen que no se pueden tener ciertos gastos, también se afectarán los salarios.

¿Qué pretenden, qué reduzcamos los sueldos de los trabajadores, o acaso los aumentos de precios que se autoricen no van a cubrir los costos de producción?", se preguntó el presidente de Cavidea.

Indicó que la comparación de precios nacionales con los internacionales, fue propicia para recordar que en países como México, Colombia, Perú y otros hay plenas libertades económicas y eso abarata los costos.

"Son más baratos porque hay libertad para producir, no hay controles de precios, se puede lograr mayor productividad y hay competencia", recalcó.

Baraybar también cuestionó que sólo se reconozca la tasa cambiaria de 4,30 bolívares por dólar en los costos de producción. "Cadivi no da todos los dólares que necesitan las empresas, hay equipos como los repuestos para la industria de alimentos que no cuentan con dólares a 4,30 bolívares y se tiene que recurrir a la compra de bonos y a la subasta del Sitme porque no hay divisas preferenciales para esas importaciones.

¿Cómo es que no va a reconocer esto?", dijo.

Además de reducir la variedad de productos en los anaqueles, la Ley de Costos y Precios Justos, también afectará la calidad de los pocos artículos que queden disponibles, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.

Explicó que por la necesidad que tienen las empresas de reducir sus estructuras de costos, muchos de los procesos de control de calidad se verán comprometidos en los presupuestos. Para abaratar operaciones las compañías deberán reemplazar empaques, etiquetas y demás insumos, puntualizó.

Aportes en riesgo. Leonardo Palacios, abogado y experto tributario, advirtió que si se ven afectados los márgenes de rentabilidad, se corre el riesgo de que el Seniat acuse a las empresas de estar ocultando ganancias. "Por un lado la Ley de Costos y Precios impone una restricción en la ganancia y limita los precios, pero por el otro se tiene una Ley de Impuesto sobre la Renta que implica que mientras más ganancias se genera más alto será el aporte de la empresa al fisco", indicó al señalar que esto frenará la recaudación de ISLR, IVA y tributos municipales.

"También afectará las contribuciones parafiscales como los aportes que deben hacer las empresas por las leyes Antidrogas, de la Ciencia y Tecnología, entre otras", acotó Palacios.

Agregó que además la legislación tributaria acepta y reconoce como normal y necesaria una serie de egresos como los de publicidad, pago de expertos y otros, que ahora son objetados por el sistema de Costos y Precios. "Eso implica una forma disfrazada de confiscación, expropiación y lesión al patrimonio y los derechos de propiedad de las empresas", apuntó Palacios.

Advirtió que esta ley incidirá en el recurso humano. "Todos los venezolanos tenemos derecho al trabajo y a un salario que sea suficiente y digno, y al derecho a la negociación colectiva.

¿Cómo se podrá garantizar esto, si la Ley de Costos y Precios, limitará las utilidades y la rentabilidad de las empresas, que son la fuente de los beneficios salariales?", alertó.

fuente: El Nacional